Repercusiones del Impeachment a Dilma Rouseff

11 Agosto 2016
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"Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá"
(Quintus Horatius Flaccus)

El Senado brasileño ha aprobado continuar el procesamiento contra la presidente de la República Federativa de Brasil, Dilma Rousseff, acusada de utilizar fondos públicos para cubrir el déficit fiscal del Estado, tras haber sido previamente debatido el informe que solicitaba iniciar el juicio político. En mayo pasado la Cámara Alta dispuso la apertura del juicio político y el alejamiento de Rousseff de la Presidencia durante 180 días. En este período el mandato interino ha sido asumido por Michel Temer, anterior vicepresidente de Rousseff y actualmente uno de sus mayores detractores. Si tras el análisis de las pruebas de rigor, Rousseff, fuese hallada culpable por dos tercios de la Cámara Alta, dejará definitivamente de ser presidente y Temer "completaría" el mandato hasta 2018, fecha de nuevas elecciones presidenciales.

Pedaladas Fiscales vs Corrupción Brutal


Un gobierno democráticamente elegido ha sido separado provisionalmente, mediante el procedimiento del impeachment previsto en la Constitución brasileña, y con posibilidades ciertas de destitución, por la conjunción de voluntades entre sectores políticos derrotados en las elecciones de octubre de 2014, y algunos partidos hasta entonces aliados del Partido de los Trabajadores, con la complicidad del vicepresidente Michel Temer, provocando un abanico de re-calibraciones y repercusiones no sólo a nivel local sino también regional.

El impeachment a Dilma Rousseff deja al descubierto la disfuncionalidad del sistema político brasileño, apuntando a una profunda crisis de ética y moralidad en la cual se hallan sumergidos funcionarios públicos, empresarios y políticos. Aunque el juicio político a la presidente suspendida no es por corrupción, su gobierno y el partido al que pertenece se ha visto salpicado por el enorme caso Petrobras, y aún se desconoce en qué medida el curso de las investigaciones pueden afectar a diversos actores involucrados, incluidos Michel Temer, encargado provisionalmente de la gobernación de Brasil.

Obsérvese que si bien Roussef fue separada de su cargo por considerarla presuntamente vinculada a las 'pedaladas fiscales' (maniobras administrativas), por las que presuntamente el Gobierno retrasó sistemáticamente el envío de recursos a los estatales Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, cuyas cantidades fueron supuestamente utilizadas para pagar programas sociales en un año electoral. Junto a ello, el actual presidente interino, Michel Temer, se ve cada día más cuestionado por acusaciones de corrupción que le afectan de modo directo tanto a él como a sus aliados en el Parlamento.

Estas acusaciones, en caso de sostenerse en el tiempo con visos razonables de seriedad, podrían poner en jaque no solo el contraataque político de las fuerzas de derecha, sino la gobernabilidad en sí misma, a poco que se advierta que con una rapidez escalofriante se expondría a la opinión pública a un razonamiento notablemente pesimista, y que consistiría en la convicción sobre la maldad intrínseca de la clase política, pues ningún espacio puede dar respuesta a los mínimos imperativos éticos exigibles.

En este contexto, los avatares que las coaliciones deben afrontar se relacionan con la necesidad de encontrar una vía institucionalizada que ponga fin a la sensación de ingobernabilidad que los embarga, sin que ello implique una disgregación del poder.

Es justamente dicha sensación de ingobernabilidad, propia de la crisis del modelo de organización y gestión que se extiende a lo largo y ancho de la región, la que parecería expandir la corrupción como una enfermedad endémica, que deja de ofrecer orden y estabilidad a la sociedad, y comienza a imponer a las organizaciones políticas a dirigir su atención hacia lo pragmático, centralizándose en otras matrices económicas y en otros modelos de desarrollo de sistemas administrativos, modernización de la gestión de los procesos, formación de los recursos humanos y transparencia en las conductas de los funcionarios públicos.

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