40 años de la RASD: Pactar realidades sin prohibir sueños

05 Abril 2016
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Supongo que he sido invitado a esta conmemoración del 40 aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática porque se quiere una voz diferente. Imagino que muchos de vosotros conocéis cómo pienso en este tema del Sahara. Pienso que es una vergüenza para Marruecos y para el Polisario, haber tenido a una población tan numerosa como la de los campamentos de Tinduf esperando una utopía (por justa que esta sea) en las condiciones tan horrendas en que han vivido ya durante 40 años. Pienso que aunque la mayor responsabilidad sea de Marruecos ello no exime a la otra parte de su parcela de responsabilidad. El otro día leía en un artículo de Xavier Vidal-Folch sobre una propuesta para Cataluña que "pactar realidades no exige prohibir sueños" . Y pienso que, salvando las distancias entre lo que une o desune a Cataluña y el Sahara, entre el muy diferente sentido que tiene para Cataluña y para el Sahara el derecho a decidir o la palabra referéndum, decir "pactar realidades" es lo que debían haber hecho hace ya mucho tiempo los saharauis, obligando a Marruecos a proceder a facilitar el retorno de los refugiados a su tierra en condiciones dignas, con casa y trabajo, obligándole también a entender y aceptar que reivindicar la independencia es un derecho democrático de los pueblos, y a que sea capaz de establecer una auténtica autonomía con las garantías democráticas necesarias que pasan, necesariamente, por un cambio a fondo institucional en Marruecos.

El plan de autonomía hecho público por Marruecos ante el Consejo de Seguridad de la ONU y ante la opinión pública internacional en abril de 2007, la Iniciativa marroquí para la negociación de un estatuto de autonomía de la región del Sahara , proponía aspectos novedosos como que "las poblaciones del Sahara gestionarían por sí mismas y democráticamente sus asuntos a través de órganos legislativo, ejecutivo y judicial dotados de competencias exclusivas". Naturalmente, un plan de autonomía no era el sueño al que aspiraban los dirigentes del Polisario ni tantos saharauis que soñaban con la independencia del Sahara. Y, naturalmente también, un verdadero plan de autonomía exige, para ser creíble, un marco democrático descentralizado que lo encuadre.

La Iniciativa, y ahí radicaba su interés, no era un documento cerrado, sino una propuesta para la negociación de un estatuto de autonomía consensuado entre las partes que pudiera posteriormente ser sometido a referéndum a las poblaciones concernidas. La pretensión del documento era que el estatuto de autonomía resultante tras las negociaciones entre las partes pudiera constituir "el libre ejercicio del derecho a la autodeterminación", conforme a la legalidad internacional, a la Carta de Naciones Unidas y a las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad.

En este carácter de "iniciativa como base y no como una finalidad de la negociación", radicaba la posibilidad de llegar a un pacto entre las partes. Negociar una verdadera autonomía con garantías democráticas no era desde luego la independencia en la que soñó la RASD cuando fue imaginada y creada por los jóvenes saharauis de 1973. Pero en 2007 constituía una posibilidad de desbloquear un proceso que iba a cumplir por entonces treinta años. Treinta años que llevaban esperando decenas de millares de saharauis en condiciones infrahumanas, apoyados, eso sí, por movimientos solidarios y por algunos gobiernos empezando por el argelino que era –y es- el que acoge los campamentos de refugiados.

En los años transcurridos desde abril de 2007 es verdad que Marruecos no sólo no dio ningún paso para avanzar hacia esa autonomía propuesta, sino que torpedeó el proceso con episodios dramáticos como la expulsión de Aminetu Haidar en 2009, o el desmantelamiento violento del campo de Gdym Izik en 2010. Además, con motivo del proceso constituyente que se abrió en Marruecos en los días de la llamada primavera árabe, se perdió una oportunidad de oro para abrir un gran debate nacional sobre una cuestión que se considera clave para el futuro del país, pero que sigue constituyendo un verdadero tabú.

La nueva constitución promulgada el 1º de julio de 2011, tras las manifestaciones del movimiento del 20 de febrero y el discurso real del 9 de marzo de 2011, que instauró una comisión para la reforma constitucional, dio un modesto paso al reconocer la componente identitaria saharo-hassaní, como parte integrante de la identidad cultural marroquí, y al proponer la preservación de la lengua hassanía como uno de los elementos constituyentes del patrimonio lingüístico de Marruecos. Pero siguió definiendo el sistema político imperante como una "monarquía ejecutiva", rechazando las demandas de una monarquía parlamentaria, que en los primeros meses de 2011 se habían expresado en manifestaciones populares en las calles de más de cien ciudades del país. Ninguna otra

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