La legislación antiterrorista en España

26 Marzo 2015
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A lo largo de la historia, el Estado español se ha visto obligado a enfrentarse a un tipo de actividad delictiva basada en la violencia y el terror, que ha buscado por medio de atentados de gran transcendencia y por una prolongación de la actividad terrorista, influir en la opinión pública y modificar las decisiones del poder político.

Estas manifestaciones criminales han tenido diversas respuestas y siempre han obligado al Estado a un esfuerzo legislativo y judicial para hacer frente a un enemigo no convencional. Presentamos en este trabajo un recorrido histórico de la legislación y de la jurisprudencia en materia de terrorismo en España.

A finales del siglo XIX surgió en España, al igual que en diversos países europeos, un nuevo fenómeno de violencia y de terror distinto a cualquier otro fenómeno histórico de violencia que tenía una finalidad política.

Podemos destacar una característica subyacente de la evolución de la legislación antiterrorista en España: su tipificación dentro de la legislación de carácter especial de cada época, y la de su tipificación como delitos comunes, agravados por la naturaleza terrorista, e incorporados a la legislación ordinaria, primero de manera dispersa, y finalmente sistematizada, pero sin privarles de un tratamiento "excepcional".

Llama enormemente la atención la vinculación entre la legislación antiterrorista y la legislación que históricamente ha regulado las asociaciones ilícitas. En sus orígenes, la legislación antiterrorista en España estuvo vinculada a la represión del anarquismo, sobre el que tanto el Código Penal del año 1870 como la jurisprudencia, subsumía entre "asociaciones contrarias a la moral pública".

Para castigar los atentados perpetrados por los anarquistas se aplicaron en un primer momento las disposiciones del Código Penal del año 1870, en concreto su artículo 561, en relación con el artículo 572 del CP. En su virtud, se podía imponer como máximo la pena de cadena temporal en su grado superior a cadena perpetua, ya que el último de los artículos citados hacía aplicable dicha pena (señalada por el artículo 561 para el incendio) a los delitos o estragos cometidos por medio "de cualquier otro agente o medio de destrucción tan poderoso". Ante el recrudecimiento de los atentados y la alarma social que estos revestían, el Gobierno Español decidió promulgar una legislación de carácter especial. Así, la respuesta del legislador español ante la primera oleada de actividad terrorista en nuestro país fue la de dar respuesta a través fundamentalmente de dos preceptos. Entre los años 1894 y 1896 se aprobarán leyes sucesivamente más duras a la Ley de 10 de julio de 1894 sobre "Atentados contra personas o daño en las cosas cometidas por medio de aparatos o sustancias explosivas", considerada la primera ley antiterrorista en España, y fruto de un gobierno liberal. Le seguirá la ley sobre "Represión de los delitos contra las personas y las cosas que se cometan o intenten cometerse por medio de explosivos o materias inflamables" del 2 de septiembre del año 1896 de un gobierno conservador.

Junto a la legislación de carácter especial, van a aparecer en la legislación ordinaria de la época una serie de normas que se aplicarán preventivamente al fenómeno del terrorismo de naturaleza anarquista, así las reuniones y las asociaciones anarquistas podían suspenderse o disolverse, e impedir su funcionamiento por ilícitas con arreglo a las Leyes de 15 de junio de 1880 (artículo 5.1 y 5.4) y de 30 de junio de 1887 comprendidas en el artículo 198 (epígrafes 1 y 2) del Código Penal de 1870, siendo aplicables a sus miembros los artículos 199 al 201 de este Código, así como los artículos 582 y 583 a los periódicos anarquistas, de acuerdo con lo declarado por la Sentencia el Tribunal Supremo de 28 de enero de 1884, base de la doctrina futura sobre asociaciones anarquistas, y de la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de 1885. A la propaganda anarquista se le aplicaban los artículos 250, 254 y 273 del referido Código Penal, relativos a la sedición, en opinión de la Fiscalía del Tribunal Supremo, circular de 4 de marzo de 1893.

El año 1934, con la promulgación de la Segunda República Española, se recuperaría la jurisdicción ordinaria en materia de terrorismo. La represión de los delitos cometidos por medio de explosivos, aparecerá en la Ley de 11 de octubre de 1934, que puede considerarse la primera ley genuinamente antiterrorista en España ya que iba a tener en cuenta un elemento subjetivo relativo a la finalidad terrorista, junto al medio empleado. El tratamiento jurídico del fenómeno terrorista que esta ley recogía, tendría su importancia en el elemento teleológico de carácter político en el que descansará el tratamiento jurídico de este fenómeno. La reforma de 23 de noviembre del año 1935 de la Ley de 4 de agosto de 1933 aludirá por primera vez a la ejecución de "delitos de terrorismo", desconocidos como tales en el ordenamiento jurídico español.

A partir del año 1939 la dictadura del general Franco criminalizará cualquier actividad política produciéndose un acercamiento entre terrorismo y delito político que no tendría un tratamiento jurídico unitario a lo largo de casi cuarenta años.

La respuesta ante lo que el régimen franquista consideraba terrorismo, se hará a través de la jurisdicción especial. El primer Código Penal español que va a tipificar el terrorismo fue el Código Penal del año 1944, aportando una noción precisa, que va a pervivir en nuestro ordenamiento jurídico. A finales de los años 60, y ante el aumento de la actividad terrorista, el régimen franquista diseñará una nueva respuesta frente a este fenómeno delictivo. Por un lado, se creará una división competencial y material otorgando a la Jurisdicción Militar la represión de un terrorismo organizado, y otorgando a la Jurisdicción Civil el castigo de un terrorismo individual, resolviendo la preeminencia de la Jurisdicción Militar
El recrudecimiento de la violencia terrorista en las postrimerías del franquismo, hará que la respuesta legislativa determine una agravación punitiva del delito de terrorismo con el Decreto-Ley 10/1975 de 26 de agosto, estableciendo para algunos supuestos la pena de muerte, e incorporando diversas figuras como la apología y la colaboración.

En el período de transición democrática de nuestro país, a partir del año 1976 y hasta el año 1982, aparecerán sucesivas normas, así, el Decreto Ley 2/1976 de 18 de febrero, por el que se revisa el Decreto-Ley 10/75 de 26 de agosto, la Ley 82/1978 de 28 de diciembre de modificación del Código Penal en materia de terrorismo, que va a suponer la conversión de los delitos de terrorismo en delitos comunes; el Real Decreto- Ley 3/1979 de 26 de enero sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, y la Ley Orgánica 2/1981 de 4 de mayo.

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